CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION ESPECIAL SOME GESTION DE CUMBRES INTERAMERICANAS

OEA/Ser.G CE/GCI-9/95
29 Septiembre 1995
Original: espa�ol

INFORME DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO A LA
COMISION ESPECIAL SOME GESTON DE
CUMBRES INTERAMERICANAS

19 de septiembre de 1995
Excma. Sra. Embajadora Harriet C. Babbitt
U.S. Mission to the Organization of American States
ARA/USOAS, Room 6494
Department of State
2201 C. Street NW
Washington, D.C. 20520 U.S.A.

Estimada Se�ora Babbitt:

En respuesta a su comunicaci�n de 25 de agosto, tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle que, como es de su conocimiento, el instituto se encuentra en un proceso de reestructuraci�n de su carta constitutiva. No obstante en el marco de las iniciativas de la Cumbre de las Am�ricas hemos dado continuidad a nuestras actividades de capacitaci�n y publicaciones, como una contribuci�n al mejor conocimiento de los problemas que afectan a los pueblos ind�genas de Am�rica, y a la difusi�n de pol�ticas, estrategias y metodolog�as orientadas a superar los problemas, con especial �nfasis en los que afectan a sus derechos humanos, y a procurar una mayor participaci�n de esos problemas en sus respectivas sociedades nacionales.

Como una contribuci�n de este Instituto al punto 1 del Plan de Acci�n "La Preservaci�n y el Fortalecimiento de la Comunidad de Democracia de las Am�ricas", me es grato remitirle el documento adjunto: "Los Derechos Humanos de los Pueblos Ind�genas de Am�rica".

Reciba un saludo cordial de

Jos� Matos Mar
Director

LOS DERECHOS HUMANGS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA

En este campo se deber� propiciar la apertura de las sociedades nacionales a la emergencia ind�gena y la creaci�n de condiciones que conduzcan a la participaci�n plena de los pueblos indios en el desarrollo de su sociedad, tal como, otros sectores organizadas participan, a fin de lograr sociedades positivas y fecundamente pluriculturales y multilingues. Por ello, aunque en gran parte de car�cter legal y administrativo, su contenido es fundamentalmente pol�tico en dos sentidos. Primero, porque propone el cambio de actitudes y posiciones relativas a la organizaci�n, la institucionalidad y los intereses de Estados y Sociedades actuales. Segundo, porque el movimiento y las organizaciones ind�genas, dadas las condiciones en que emergen y se desarrollan, van adquiriendo una din�mica propia, contesta taria y beligerante que, ante al burocratismo, la inercia o la insensibilidad, sin mencionar las posiciones conservadoras y elitistas de ciertos sectores, tienden a derivar en conflictos, enfrentamientos y, sobre todo, en m�s frustraci�n y distanciamiento en las relaciones inter�nicas.

Una acci�n renovadora supone reconocer que las causas principales del problemas ind�gena no radica en los pueblos y comunidades ind�genas o en alguna cong�nita predisposici�n racial, sino en el tipo de relaciones que los sectores dominantes han establecido con los ind�genas a lo largo de la historia y, en consecuencia, en la propia estructura de las sociedades nacionales y los Estados.

Desde esta perspectiva, estas acciones atraen, en forma general, a los derechos humanos, individuales y colectivos; a los derechos espec�ficos de las minor�as indias, en cuanto colectividades dotadas de identidades propias y de continuidad hist�rica, y al desarrollo del propio derecho ind�gena.

El objetivo principal en este campo es contribuir al desarrollo de la democracia mediante la elaboraci�n simult�nea de una legislaci�n m�s avanzada en el campo de las relaciones, inter�tnicas y de mejores y m�s efectivos instrumentos institucionales que sirvan para hacerla cumplir. Para ello ser�a necesario promover pol�ticas indigenistas, con miras al refuerzo de la acci�n promotora y facilitadora del desarrollo �tnico integral de los pueblos indios.

Es �ste un esfuerzo que necesita encararse desde m�ltiples puntos de mira. Implica no solamente el refuerzo de los instrumentos internacionales y la incorporaci�n de los avances logrados a ese nivel en las constituciones pol�ticas y c�digos sino, tambi�n, en muchos casos y a nivel m�s profundo, la revisi�n de los principios jur�dicos en que se fundamentan los estados. Es un esfuerzo consciente de compatibilizar las tendencias vigentes hacia la integraci�n nacional, regional y mundial con la consolidaci�n y el aliento de la enriquecedora diversidad de culturas y las aspiraciones legitimas de los pueblos indios a conservar sus identidades y recuperar sus autonom�as. Esto significa una doble, tarea: por un lado, la generaci�n de los consensos a instrumentos generales necesarios a nivel de la comunidad internacional y de cada uno de los pa�ses que la constituyen; y, por otro, la creaci�n de �mbitos y mecanismos jur�dicos para el ejercicio real de los derechos civiles por parte de las poblaciones ind�genas.

La tarea inicial del Grupo de Trabajo de Ginebra, orientada a 2a creaci�n do un instrumento jur�dico internacional que reconozca y regule al ejercicio do los derechos humanos inherentes a las poblaciones ind�genas, es un punto focal de primordial importancia en este campo. Lo es tambi�n, de manera complementaria, el proyecto de Convenci�n interamericana sobre los derechos ind�genas que vienen preparando la organizaci�n de los Estados Americanos con el apoyo del instituto Indigenista Interamericano.

Entretanto existen algunos instrumentos cuya existencia representa un progreso considerable en la que hace a la toma de conciencia, par parte de los estados, respecto a la. necesidad de considerar a las poblaciones ind�genas en el marco de la Declaraci�n de los Derechos del Cumbre. En junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) aprob� el Convenio 169, lo cual significa un avance sustantivo.

Se requiere, en esta materia, no s�lo incorporar a la legislaci�n de cada uno de los pa�ses los instrumentos normativos internacionales ya existentes, sino tambi�n reglamentar los dispositivos constitucionales y legales en aquellos pa�ses donde tales instrumentos han sido ya incorporados pero, por falta de reglamentaci�n local, se mantienen a�n a nivel declarativo.

La variedad de las situaciones nacionales y �tnicas es determinante. Pero en todos los casos, la vigencia de los derechos ciudadanos individuales y colectivos de los pueblos ind�genas tiene a�n mucho camino que recorrer y es uno de los campos que requieren de mayor atenci�n por parte de las agencias y organizaciones internacionales id�neas. Son igualmente importantes el reconocimiento del derecho consuetudinario y la creaci�n de tribunales a instrumentos que operen de conformidad con este derecho. Es necesaria, tambi�n, la participaci�n de los propios ind�genas en la redacci�n y discusi�n de todo nuevo instrumento legal que los afecte, y la creaci�n de las instituciones necesarias para que tal participaci�n sea efectiva. Especial atenci�n deber�a ponerse en la vigencia efectiva de los derechos individuales, civiles y pol�ticos, eliminando de las legislaciones todos aquellos dispositivos que, de manera directa o indirecta, establezcan discriminaci�n o disminuyan el ejercicio de los derechos civiles por razones de car�cter �tnico o ling��stico. Un �nfasis particular deber� ponerse en lo que so refiere al ejercicio pleno de derechos en los �mbitos de la representaci�n pol�tica, de la propiedad y el usufructo de recursos naturales y otros bienes, y de los procedimientos civiles y penales.

Un importante asunto de fondo, en materia jur�dica, es la cuesti�n del Estado. El problema ind�gena no es sino el reflejo de la incompatibilidad estructural entre la Sociedad y el Estado. En muchos pa�ses la estructura estatal se basa, hist�ricamente, en el supuesto jur�dico de una sociedad nacional con una identidad homog�nea. Tal supuesto se opone a la realidad pluricultural, plurilingue y multi�tnica de la sociedad.

La contradicci�n entre esta clase de Estado y los pueblos gobernados se ha expresado en forma de dos tendencias alternas y extremas; la homogeneizaci�n cultural forzada y la marginaci�n cultural y civil de su poblaci�n ind�gena. En pa�ses de densas poblaciones ind�genas, donde la explosi�n demogr�fica de los �ltimos a�os desplaza a las masas ind�genas hacia las grandes ciudades, la tensi�n generada estar�a abriendo un nuevo canal: el conflicto y el enfrentamiento creciente entre la Sociedad y el Estado, y el desborde masivo de las leyes y las instituciones formales. De aqu� deriva la convicci�n de que la soluci�n definitiva de los problemas ind�genas no podr�a lograrse sino mediante una reforma del Estado que, en algunos casos deber�a ser sustantiva.

La exploraci�n de la estructura y la din�mica del Estado en las sociedades multi�tnicas, la b�squeda de la compatibilidad de sus principios jur�dicos y de organizaci�n con las justas demandas y reivindicaciones de las minor�as �tnicas, y la elaboraci�n y discusi�n de modelos alternativos a niveles nacionales, regionales y continentales, deber�a tener tambi�n una importancia prioritaria. Para esta finalidad, no s�lo hace falta elaborar y ejecutar proyectos espec�ficas sino tambi�n alentar y fomentar iniciativas de investigadores particulares e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y propiciar el di�logo de los especialistas de las ciencias sociales y de los representantes de los distintos grupos �tnicos, a trav�s de foros, reuniones y publicaciones.

Pese a este �nfasis en cuestiones jur�dicas de largo y mediano alcance, ser� necesario tratar tambi�n situaciones de urgencia inmediata. Interesarse, de manera particular, en la situaci�n de las poblaciones ind�genas en zonas y regiones actualmente sometidas a la acci�n y presencia de movimientos armados. En estas zonas, pese a su voluntad expresa de paz, los ind�genas est�n siendo forzadamente involucrados en las acciones de fuerza militares gubernamentales y antigubernamentales, con las consiguientes p�rdidas de vidas y bienes, perturbaciones de las actividades econ�micas y de la vida cotidiana, y generalizaci�n de abusos y arbitrariedades.

Por �ltimo, deber� brindarse atenci�n especial, de apoyo, estimulo y facilitaci�n, a las organizaciones y movimientos ind�genas cuyas innumerables instancias convergen mayoritariamente en iniciativas basadas en la autogesti�n y la cooperaci�n con las respectivas sociedades nacionales. En las organizaciones y los movimientos ind�genas y en sus posibilidades de �xito radica la esperanza de un futuro mejor para las etnias y para las sociedades de las que forman parte. Por ello, debe facilitarseles la informaci�n, asesor�a y respaldo que requieran; ofrec�rseles espacios adecuados de di�logo y, cuando haga falta, mediar entre las organizaciones ind�genas y los organismos de gobierno.

Jos� Matos Mar
M�xico, 18 de setiembre de 1995